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“Firmas con sello ucevista”: Violencia contra las mujeres atenta contra sus derechos humanos
Dra. Sonia Sgambatti, luchadora incansable en favor de los derechos de la mujer
A partir del 19 de marzo de 2007, Venezuela cuenta con La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ley destinada a proteger la vida e integridad física, psicológica y sexual de las víctimas, derechos fundamentales garantizados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES es la constante que atenta contra sus derechos humanos y libertades, en razón de las desigualdades históricas entre mujeres y hombres.
El delito de Violación, contemplado en el Código Penal vigente es de acción privada y se inicia por acusación de la parte agraviada o por quien sus derechos representa no puede ser perseguido de oficio. Ello obedece al daño que con la publicidad podría recaer sobre el honor y la dignidad de la víctima.
El delito de Violación contemplado en La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se transforma en un delito de acción pública, es decir, se inicia de oficio y legitima para denunciarlo tanto al médico como a todo el personal de salud que atienda a la víctima objeto de este delito.
La Ley expresa que quien mediante el empleo de violencia o amenaza constriña a una mujer a acceder a un contacto sexual no deseado será sancionado con prisión de diez (10) a quince (15) años.
A pesar de contar con una Ley importante para la defensa de la violencia contra la mujer, esa ley contiene artículos que atentan contra nuestro marco legal, tal como es caso del secreto médico que quedó eliminado en esta ley, ya que obliga al médico a denunciar el hecho delictivo, so pena de ser sancionado.
El secreto médico es inherente al ejercicio de la medicina y se impone para la protección del paciente, el amparo y salvaguarda del honor del médico y la dignidad de la ciencia.
La Ley también da legitimidad a los Consejos Comunales para denunciar el delito de violación, órgano político que reporta al poder Ejecutivo.
Los Consejos Comunales pueden imputar a cualquier hombre por el delito de violación, acarreando sanciones al supuesto agresor con medidas tales como: arresto, prohibición de salida del país, prohibición de enajenar y gravar, obligación de salida del hogar común.
Esta legitimidad puede ser manipulada sin elementos de convicción legal, para imputar a cualquier hombre y en especial a los hombres que intervienen en la actividad política venezolana porque al legitimar a un órgano colectivo politizado, cualquier exceso es factible.
Quién es la doctora Sonia Sgambatti
Venezolana, Doctora en Derecho. Profesora Titular de la Universidad Central de Venezuela-UCV. Jefa de Cátedra Medicina Legal. Escuela Luis Razetti. Presidenta de la Federación Venezolana de Abogadas-FEVA-. Representó a Venezuela como Delegada Permanente ante la Organización de los Estados Americanos-OEA-. Presidenta de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas-CICAD-. Integrante del Consejo Consultivo del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente-ILANUD-. Delegada en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas-ONU- hoy, ONUMUJERES. Representante con Plenos Poderes para la Firma del Convenio Lara Bonilla entre los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, sobre Cooperación para la Prevención del Uso Indebido y la Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Con cualidad de Presidenta de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas-CICAD- firma el Acta de Entendimiento en materia de Narcotráfico con la OEA y el Parlamento Andino. Senadora de la República. Integrante de la Comisión Bicameral para los Derechos de la Mujer del Congreso de la República. Integrante de la Comisión Femenina Asesora de la Presidencia de la República. Vice-Ministra de Justicia y Ministra Encargada. Jueza Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público. Magistrada Tribunal Supremo de Justicia y de la Magistratura.
