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Pronunciamiento de la APUCV-Maracay sobre la represión contra los estudiantes y la situación del país
En los últimos días, la sociedad venezolana se ha visto conmocionada ante la brutal agresión de los cuerpos militares, policiales y paramilitares para reprimir manifestaciones estudiantiles pacíficas que se han producido a lo largo y ancho de la geografía nacional.
Conviene recordar una vez más que el derecho a manifestar pacíficamente como expresión del disenso y del ejercicio del pensamiento libre son derechos humanos fundamentales e inalienables consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales de los cuales la República Bolivariana de Venezuela es signataria.
La Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (APUCV-Maracay), ve con indignación como los cuerpos de seguridad del Estado y grupos armados identificados como colectivos, han estado arremetiendo de manera desproporcionada en contra de los manifestantes quienes en su mayoría son estudiantes apoyados de manera significativa por la sociedad civil. Como consecuencia de este abusivo uso de la fuerza pública un número considerable de estudiantes han sido vejados en el ejercicio de su derecho fundamental a disentir y a manifestar, llegando esta reprochable represión a detener a los manifestantes, herirlos con perdigones y otras armas de uso prohibido y provocar el lamentable fallecimiento de seres humanos debido al uso irracional, indebido e inaceptable de procedimientos, armas y municiones no permitidas para repeler la contingencia aludida.
El país atraviesa por una crisis moral, económica y social, paradójicamente, en medio de una bonanza petrolera: la más alta inflación de la región (56,2 % en 2013), escasez de productos básicos (28%), sueldos y salarios que no cubren la canasta alimentaria, crisis en el sector de la salud, inseguridad personal con una elevada tasa de violencia criminal, narcotráfico, crisis en la balanza de pagos, importaciones masivas de alimentos para cubrir el déficit ocasionado por la caída de la producción nacional como consecuencia de la destrucción del aparato productivo del país, dependencia de las importaciones para cubrir casi todas las necesidades básicas, corrupción galopante y una manifiesta impunidad, en medio de un clima político de intolerancia y discriminación del que piensa distinto a la ideología del gobierno, entre otros gravísimos problemas que justifican suficientemente el ejercicio del derecho a manifestarse en contra de las políticas públicas que han llevado al país a una situación de descontento generalizado y que es deber del Estado atender sin represión.
Los estudiantes han manifestado pacíficamente pero han sido reprimidos brutal y violentamente. Sus principales voceros se han deslindado de cualquier acto de vandalismo y violencia que el gobierno alega como razón para la represión y más bien han denunciado a infiltrados y a grupos armados que ocasionan la violencia y desvirtúan la razón de las manifestaciones y que el Estado está en la obligación de investigar tanto como garantizar el derecho de manifestar y de proteger a los manifestantes.
Declaramos nuestro respaldo a los estudiantes en su protesta pacífica sin más limitaciones que lo establecido en la Constitución, las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales vigentes.
Por tanto, exigimos al gobierno:
· La libertad plena de todos los estudiantes detenidos y el cese de todo acoso en su contra.
· El cese de la impunidad lo cual pasa por librar el poder judicial de todo tipo de injerencia partidista para que pueda llevar adelante investigaciones realmente imparciales e independientes sobre las verdaderas causas de las muertes ocurridas, de los heridos, así como sobre las múltiples denuncias de torturas, malos tratos y vejaciones sobre los detenidos y manifestantes.
· El estricto cumplimiento de las regulaciones que prohíben expresamente el uso de armas de fuego y gases tóxicos para reprimir protestas.
· El cese de cualquier tipo de injerencia extranjera en la orientación de las decisiones públicas que ponen en riesgo la soberanía nacional.
· La conformación de una estrategia creíble para el establecimiento de una mesa de diálogo nacional que restaure la paz de la República y se asuma el respeto a la disidencia política como parte de la democracia que todos los venezolanos y las venezolanas nos hemos ganado a lo largo de una larga y sacrificada lucha histórica.
Reiteramos nuestro llamado a la paz, a la convivencia pacífica, con justica y a un diálogo sincero que permita abrirle caminos a un pueblo que vive cotidianamente la angustia de los problemas no resueltos.
En Maracay, sede de la APUCV, 24 de Febrero de 2014
