- Año de Creación: 1986
- Ubicación: Edif. Biblioteca Central piso 9
- Director: Lic. Juan Carlos Barreto
CIDHUCV formará parte de la Red Académica Especializada de la CIDH
El pasado 1 de junio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunico los nombres de las organizaciones que formarán parte de la Red Académica Especializada de Cooperación Técnica (Red Académica), luego de seleccionar diez proyectos propuestos por diferentes universidades de la región, a través de los cuales se generarán insumos para apoyar técnicamente el trabajo de Relatorías Temáticas y especializadas en sus acciones de monitoreo, promoción y protección de derechos humanos. La CIDH es un órgano principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que tiene como función principal promover la observancia y defensa de los derechos humanos en las Américas y servir como órgano consultivo de la Organización en la materia. La Universidad Central de Venezuela, (UCV) a través del Centro para la Paz y los Derechos Humanos, fue seleccionada para integrar esta Red Académica especializada, luego de que la CIDH evaluara las 26 propuestas presentadas por universidades de ocho países de la región. Seleccionando finalmente 11 propuestas. Las universidades seleccionadas elaborarán un plan de trabajo con una o varias relatorías o secciones de la CIDH de acuerdo con las temáticas propuestas y acordadas con estas. El Director del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV, Juan Carlos Barreto expreso que la UCV, sigue mostrando el compromiso de asumir el mandato que toda institución de educación superior debe tener con los derechos humanos, la paz y la democracia. “Es un honor que este importante organismo internacional, considerara nuestros aportes en la defensa de derechos humanos, haciéndonos parte de la Red Académica Especializada”, indicó Barreto. Para el Director del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV, es una gran responsabilidad, el brindar apoyo estratégico a los planes de la CIDH con el fin de mejorar el alcance e impacto de su trabajo en el monitoreo de situaciones de derechos humanos, el mapeo de tendencias y situaciones estructurales en derechos humanos y las generadas como consecuencia de la pandemia, entre otros temas de interés nacional y regional. Lee también Las universidades son víctimas de la represión estatal Durante la “Conferencia Internacional por la Libertad Académica”, hacia la creación de estándares internacionales, celebrada el pasado 25 y 26 de mayo de 2021, diferentes organismos, especialistas y relatores destacaron la importancia de las universidades en hacer aportes al desarrollo, la democracia y los derechos humanos, además de ser instituciones que requieren protección internacional. En ese sentido, Soledad García Muñoz, Relatora Especial de la Relatoría Especial Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH, expresó: “Estamos trabajando muy activos en los principios interamericanos por la libertad académica. Es necesario que avancemos en el tema del derecho a la educación, la libertad académica y la autonomía universitaria”. “Ante el contexto adverso y de riesgo que hoy enfrenta la UCV, ser parte de esta Red Académica abre un espacio para denunciar las restricciones de los derechos y libertades políticas, de asociación y reunión, los límites a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la criminalización y represión de la protesta contra universitarios y el incumplimiento a los derechos económicos sociales, culturales y ambientales como política de Estado. Seguiremos trabajando por la universidad, democrática, inclusiva libre y plural, es la mejor forma de demostrar que somos ucevistas”, acotó Juan Carlos Barreto.
CDHUCV: Ley contra el Fascismo amenaza a la sociedad civil
Propuesta presentada por el Ejecutivo y hecha pública este 02 de abril de 2024 denominada «Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares
La aprobación en primera discusión por la Asamblea Nacional (@asamblea_ven) de una propuesta presentada por el Ejecutivo y hecha pública este 02 de abril de 2024 denominada «Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares», sin duda pone sobre el contexto venezolano la legalización de la amenaza y control a discreción del Gobierno sobre las libertades políticas y de expresión en Venezuela. Esta propuesta tiene el propósito de aumentar la persecución contra opositores, periodistas y críticos al gobierno, profesores universitarios, investigadores, líderes sindicales o sociales, estudiantes y defensores de derechos humanos, o cualquiera persona, que exprese ideas, opiniones que puedan ser percibidas por el gobierno como fascistas en el marco del contenido de la ley, provocando la desvinculación de la justicia social, el respeto de los Derechos Humanos y la dignidad de las personas, así lo informó Juan Carlos Barreto (@juan_b_hopchak), director del Centro para la Paz y Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (@centroddhhucv). Esta ley, conformada por 30 artículos, según sus impulsores tiene por objeto “establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica y la tranquilidad pública”, así como “proteger a la sociedad venezolana del surgimiento de cualquier expresión de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza”. Fue conformada una Alta Comisión contra el Fascismo, Neofascismo y Otras Expresiones, designada y regulada por el presidente de la República, pudiendo dictar pautas, reglamentos y políticas relativas a esta ley que, a partir de su aprobación, prohibirá ciertos mensajes, organizaciones y reuniones y manifestaciones en Venezuela. El contenido de esta ley, promueve un instrumento de censura y limitación extrema a la libertad de expresión e información, el aumento de los niveles de autocensura de medios, periodistas, investigadores y ciudadanía en general cuya opinión sea percibida como una postura ideológica en contra del gobierno, destacó Barreto. Es evidente, en el artículo 9, de la mencionada ley deja claro la autocensura sobre la función que deben tener los medios de comunicación al señalar; “Los mensajes difundidos (…) deberán tener carácter educativo y contribuir a proteger a la sociedad de toda expresión de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza”; Artículo 10 sobre la “cultura del odio, la intolerancia y la muerte”: “Ninguna persona (…) podrá promover, estimular, facilitar, ejecutar o tolerar acciones u omisiones que favorezcan o reproduzcan la cultura del odio, la intolerancia, la discriminación y la muerte…”; Artículo 11, sobre la prohibición de mensajes fascistas: Los medios “deben garantizar espacios libres de todo mensaje de índole fascista, neofascista o de similar naturaleza”. Queda claro que la ley causaría un efecto inhibidor en las personas al expresar ideas y opiniones, se trata de aspectos preocupantes que pueden amenazar el pleno ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela, anulando mecanismos de protección a periodistas y la estigmatización de la prensa. Según Barreto, el derecho a la libertad de expresión en Venezuela no se ha restringido por parte del gobierno. Sin embargo, hay acciones preocupantes que pueden amenazar o limitar tanto este derecho fundamental, como el diálogo y pluralidad democrática del país de entrar en vigencia esta ley. Aumentan las amenazas contra el espacio cívico. Además de limitar el ejercicio de la libertad de expresión e información, también sería controlado el espacio cívico, lo que trae el recrudecimiento de la crisis de derechos humanos e impunidad generalizada. La ley señalada establece castigos significativos para aquellos que se consideren infractores. Las penas van desde la disolución de organizaciones no gubernamentales y partidos políticos hasta la inhabilitación de personas o entidades que adopten posturas catalogadas como fascistas o neofascistas, la universidad y la comunidad es potencial víctima. Además, contempla sanciones económicas severas para medios de comunicación que difundan «mensajes prohibidos», con multas que podrían alcanzar hasta los 100.000 dólares, se trata de una serie de medidas para atacar a quienes estamos defendiendo derechos humanos, ONG, periodistas y se hace a través de diversas estrategias, una es la estigmatización, de acuerdo con Barreto. En estos últimos años el derecho que tienen las personas a manifestarse, se ha convertido en un acto que el gobierno percibe como fascismo, dado el aumento de protestas en el país, ya que la sociedad cada día exige con mayor frecuencia el respeto a sus derechos a través de las manifestaciones públicas. En el marco de esta ley, es preocupante el artículo 12 donde prohíbe “reuniones públicas y manifestaciones convocadas con el objeto de promover o hacer apología del fascismo, neofascismo y expresiones similares”. Las autoridades podrían tomar “medidas preventivas tendentes a evitar o, en su caso, disolver las reuniones públicas y manifestaciones…”. De esta manera, la “Ley contra el fascismo” institucionalizará la persecución por razones ideológicas y eliminará la pluralidad política en el país: «Desde mi punto de vista, más allá de entender que las personas tiene derecho a manifestarse con libertad de expresión, es necesario buscar la manera en que pueda ser ejercido plenamente y sin riesgo de atentar contra la seguridad de quienes quieran hacer uso de este importante derecho y no ser controlados mediante una ley”, destacó Barreto. No es una ley aislada, tiene una intención expresa ante las condiciones en que se desarrollará el venidero proceso electoral para elegir al próximo presidente de Venezuela. En este sentido, la Ley antifascismo podría interpretarse como un mecanismo adicional en la estrategia del Gobierno para fortalecer su control antes de las elecciones presidenciales, algo que la oposición y observadores internacionales deben mirar de cerca, porque todos en Venezuela estarías en riesgo y con miedo, finalizó Barreto.
