- Año de Creación: 1986
- Ubicación: Edif. Biblioteca Central piso 9
- Director: Lic. Juan Carlos Barreto
CIDHUCV formará parte de la Red Académica Especializada de la CIDH
El pasado 1 de junio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunico los nombres de las organizaciones que formarán parte de la Red Académica Especializada de Cooperación Técnica (Red Académica), luego de seleccionar diez proyectos propuestos por diferentes universidades de la región, a través de los cuales se generarán insumos para apoyar técnicamente el trabajo de Relatorías Temáticas y especializadas en sus acciones de monitoreo, promoción y protección de derechos humanos. La CIDH es un órgano principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que tiene como función principal promover la observancia y defensa de los derechos humanos en las Américas y servir como órgano consultivo de la Organización en la materia. La Universidad Central de Venezuela, (UCV) a través del Centro para la Paz y los Derechos Humanos, fue seleccionada para integrar esta Red Académica especializada, luego de que la CIDH evaluara las 26 propuestas presentadas por universidades de ocho países de la región. Seleccionando finalmente 11 propuestas. Las universidades seleccionadas elaborarán un plan de trabajo con una o varias relatorías o secciones de la CIDH de acuerdo con las temáticas propuestas y acordadas con estas. El Director del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV, Juan Carlos Barreto expreso que la UCV, sigue mostrando el compromiso de asumir el mandato que toda institución de educación superior debe tener con los derechos humanos, la paz y la democracia. “Es un honor que este importante organismo internacional, considerara nuestros aportes en la defensa de derechos humanos, haciéndonos parte de la Red Académica Especializada”, indicó Barreto. Para el Director del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV, es una gran responsabilidad, el brindar apoyo estratégico a los planes de la CIDH con el fin de mejorar el alcance e impacto de su trabajo en el monitoreo de situaciones de derechos humanos, el mapeo de tendencias y situaciones estructurales en derechos humanos y las generadas como consecuencia de la pandemia, entre otros temas de interés nacional y regional. Lee también Las universidades son víctimas de la represión estatal Durante la “Conferencia Internacional por la Libertad Académica”, hacia la creación de estándares internacionales, celebrada el pasado 25 y 26 de mayo de 2021, diferentes organismos, especialistas y relatores destacaron la importancia de las universidades en hacer aportes al desarrollo, la democracia y los derechos humanos, además de ser instituciones que requieren protección internacional. En ese sentido, Soledad García Muñoz, Relatora Especial de la Relatoría Especial Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH, expresó: “Estamos trabajando muy activos en los principios interamericanos por la libertad académica. Es necesario que avancemos en el tema del derecho a la educación, la libertad académica y la autonomía universitaria”. “Ante el contexto adverso y de riesgo que hoy enfrenta la UCV, ser parte de esta Red Académica abre un espacio para denunciar las restricciones de los derechos y libertades políticas, de asociación y reunión, los límites a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la criminalización y represión de la protesta contra universitarios y el incumplimiento a los derechos económicos sociales, culturales y ambientales como política de Estado. Seguiremos trabajando por la universidad, democrática, inclusiva libre y plural, es la mejor forma de demostrar que somos ucevistas”, acotó Juan Carlos Barreto.
Ley anti sociedad: Amenaza a los Derechos Humanos
Por: CDHUCVDerecho de Asociación bajo amenaza
En Venezuela, se están dando pasos concretos para restringir la libertad de asociación y el trabajo de las organizaciones no gubernamental (ONG). El más reciente es la aprobación por la Asamblea Nacional (AN) en su sesión ordinaria de fecha 24 de enero 2023, un Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Esta situación ha encendido las alarmas de la sociedad civil organizada, ya que, de concretarse está amenaza, se limita aún más la capacidad de las ONG para supervisar, promover y presentar informes en materia de derechos humanos, y provocaría graves daños al ejercicio de derechos humanos y libertades vinculantes para la democracia, aumentando la vulnerabilidad de los activistas a sanciones y represalias, además miles de víctimas quedarían bajo el desamparo, ya que son las ONG las que prestan ayuda directa en la actualidad. No se trata de algo nuevo, en 2021 se creó un registro obligatorio a través de la providencia n.º 001-2021, obligando a las ONG, a registrarse ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) a la vez ser obligadas a entregar información sobre donantes y sus beneficiarios. No solo restringe funciones, también pone en riesgo a víctimas al conocer información personal y sensible de casos que se encuentran bajo investigación. El 15 de abril de 2022, la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la AN, aprobó para su discusión el proyecto que limitaría el financiamiento internacional a las agrupaciones civiles, el conocido proyecto de la Ley de Cooperación Internacional, instrumento con el objeto de forzar a las agrupaciones no gubernamentales a entregar los fondos que reciben desde el extranjero al Estado venezolano, para que éste los distribuya según sus prioridades y crear un control discrecional de fondos provenientes de la cooperación internacional para ayudar a víctimas en Venezuela. Se trata de un patrón de amenaza, ejercido a través del aparato legislativo. Recordemos, en el 2006 durante la presidencia de Hugo Chávez, ya fue discutido un Proyecto de Ley de Cooperación Internacional y aprobado en primera discusión por la AN, aunque la propuesta fue archivada, fue utilizada como discurso político en el 2010 y en el 2015, para ejercer amenazas a las organizaciones que estaban documentando la situación de derechos humanos en el país, entre ellas las Cátedras y Centros de Derechos Humanos Universitarios en su labor de preservar la memoria histórica de violaciones en el pasado. Es claro que los límites de la libertad de pensamiento y trabajo asociativo no debe ser confundido con posiciones personales e ideológicas, bajo la presunta excusa de la conspiración y la traición. Los Gobiernos deben entender la existencia del espacio público en el cual hacen vida las ONG, y deber ser comprendido como parte del dominio público que mantiene un uso colectivo, por ser accesible a ser utilizado de múltiples formas, facilitar la intensidad de los contactos sociales y favorecer la creación de identidad social y el sentido de comunidad, la democracia y los derechos humanos. Sin duda, estamos ante un contexto que afecta especialmente a la sociedad civil nacional y las organizaciones internacionales, incluyendo a todas las ONG, sindicatos, instituciones académicas como las universidades y toda asociación de derecho privado que participe en actividades de cooperación internacional, dado el interés ideológico, político y económico del gobierno central, dejando por fuera conceptos esenciales como derechos humanos y ayuda humanitaria en contexto de necesidad como el que existe en Venezuela. La pretensión es establecer criterios discrecionales por parte del gobierno, para el manejo de la cooperación Internacional quedando exclusivamente en sus manos. Desde el Centro para la Paz y Derechos Humanos, rechazamos el intento de cierre del espacio público y otras restricciones a la libertad de asociación, sabemos lo negativo que es para una sociedad el cierre del espacio cívico, porque este constituye el entorno propicio para que la sociedad civil desempeñe un papel en la vida política, económica y social.
- Ficheros:
protesta_2.jpg56 K
