La Consultoría Jurídica de la Universidad Central de Venezuela comienza a ser sentida como una necesidad, cuando los dirigentes universitarios se plantean la existencia de una universidad autónoma. Antes de ese momento, se recurría a la Consultoría Jurídica del Ministerio de Educación, que cumplía el rol asesor en esta materia o se consultaba al Consejo de la Facultad de Derecho, de la propia institución.
Ya desde 1947, resultaba claro que tras la creación de la Consultoría, estaba el deseo, por parte de una universidad que anhelaba el pleno goce de su autonomía, de contar con un organismo especializado en materia jurídica. Esta aspiración era una meta de la dirigencia universitaria, y ya había tratado de ser reflejada en el Proyecto de Estatuto de las Universidades, de 1946.
Para 1948, la situación política del país presagiaba una intervención de la Universidad, y un retroceso en materia de autonomía. En el seno de la institución reinaba la incertidumbre y el Consejo Universitario decidió tomar la iniciativa de establecer una posición preventiva ante la problemática planteada.
Es en este contexto cuando se decide crear la Consultoría, encomendada unipersonalmente y "ad-honorem" al veterano Dr. Rafael Pizani, autonomista consumado y ex-rector de la Universidad, su labor de apenas unos meses pone de manifiesto su versatilidad en el área jurídica. Luego va a ser sustituido por el Dr. Gustavo Díaz Solís, Director de la Escuela de Periodismo, quien también en forma "ad-honorem" y trabajando sólo en la Consultoría, desarrolla un arduo trabajo.