- Año de Creación: 1958
- Director: Sergio L. Arteaga L.
- Ubicación: Plaza Cubierta El Rectorado Nivel Pasillo.
El conflicto universitario y la estrategia gubernamental
Prof. Víctor Márquez Corao. Presidente de APUCV
Nuestro mundo de azules boinas
Os invita su voz a escuchar
Empujad hacia el alma la vida
En mensaje de marcha triunfal
El año 2010, la Asociación de Profesores de la UCV produce el video, “En defensa de una universidad democrática y plural”, donde denuncia la existencia de una estrategia gubernamental cimentada, para ese entonces, en tres componentes con la finalidad de destruir la universidad venezolana: 1) El cerco presupuestario 2) El incumplimiento de las Normas de Homologación y 3) El uso de la violencia como arma política. Posterior a ello, incorpora un cuarto componente de la estrategia: el allanamiento judicial, que impide la elección de las autoridades universitarias a todos los niveles. Video producido en inglés y castellano para servir como arma de denuncia ante diversas instancias nacionales e internacionales.
El jueves 21 de mayo de 2013, el Consejo Universitario declara en emergencia Académica, Financiera, Presupuestaria y Operativa a la universidad. En nuestra opinión esta declaratoria es el natural colofón de la política antes mencionada y, desafortunadamente, nuestra universidad no formuló una estrategia sistemática y coherente para enfrentar la política gubernamental que hoy nos tiene al borde del colapso institucional.
1.- El cerco presupuestario, primer componente de la estrategia gubernamental, se materializa cuando el ejecutivo congela las asignaciones presupuestarias durante los últimos cinco años, desconoce las exigencias institucionales y nos impone presupuestos deficitarios con criterios establecidos desde la OPSU. Así, la asignación de la UCV pasa de representar el 1.2% del presupuesto nacional en el año 2.000 al 0,28% en la actualidad. Mientras se nos congela el presupuesto, la inflación acumulada en los últimos 15 años, alcanza la astronómica cifra del 1.500%, impidiendo el desarrollo institucional.
2. El incumplimiento de las Normas de Homologación, segundo componente de la estrategia, trajo como resultado que un profesor titular a dedicación exclusiva, que en 1997 percibía 25 salarios mínimos hoy apenas percibe 3. Estrategia que empobreció al sector universitario afectando gravemente la excelencia académica al producir, en apenas cinco años, la renuncia de más de 600 docentes. En el caso de un profesor que inicia su carrera académica la remuneración ha llegado a niveles que dificultan hasta la misma subsistencia.
3. Ambas estrategias producen múltiples efectos, que la APUCV ha sintetizado de la siguiente manera: ausencia de reposición de cargos para suplir las jubilaciones provocando una descapitalización del recurso humano, concursos de oposición desiertos dada la baja oferta salarial y los elevados niveles de exigencia académica, reducción en el tiempo de dedicación para laborar en otras instituciones que compensen el bajo salario de las universidades, éxodo del personal docente formado a otras instituciones con mejor remuneración y beneficios, pues mientras en Venezuela un profesor percibe menos de 1.000 dólares, en Colombia, Argentina y Brasil, supera los 4.000 dólares. Déficit de insumos para impartir docencia, desarrollar investigación y realizar actividades de extensión. Afectación de los diversos servicios que ofrece la Organización de Bienestar Estudiantil, desactualización de las bibliotecas, deterioro de la planta física a pesar de su condición de Patrimonio Mundial de la Humanidad y severos problemas financieros en el Instituto de Previsión del Profesorado. Sobre este último aspecto vale la pena destacar que el estado otorga a la universidad un presupuesto que apenas alcanza el 1% de nuestra cobertura de HCM, recayendo sobre el menguado bolsillo de los profesores el 99% de la que se ofrece. Las insuficiencias presupuestarias de diversos años han generado una deuda acumulada que asciende a 242 millones de bolívares, aproximadamente. De no revertirse esta situación estamos a las puertas de un posible cierre operativo del Instituto de Previsión del Profesorado por problemas financieros. Mientras soportamos esta situación nuestros empleados, con justa razón, solicitan un incremento salarial que estamos imposibilitados de dar.
4.- El uso de la violencia como arma política, tercer componente de la estrategia, tiene como finalidad inhibir la protesta universitaria y se ha convertido en parte de la vida cotidiana de la institución desde la toma de la sala de sesiones del Consejo Universitario, promovida por el gobierno nacional. Autoridades rectorales, decanales, dirigentes estudiantiles, dirigencia gremial y, universitarios en general, blanco de acciones violentas. Las más recientes, el lanzamiento de bombas lacrimógenas en el SOS UCV y, el día de la marcha nacional de universidades, la ejercida contra los integrantes de la comisión designada para reunirse con el Ministro de Educación Universitaria. Violencia que se condena en el discurso pero se avala en las acciones.
A través de un instrumento de acción política llamado “Plural” se denigra impunemente de las autoridades, se inventan situaciones para justificar la violencia, se la justifica de diversas maneras y, un representante profesoral ante el Consejo Universitario introduce denuncia, ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, contra la Rectora de la Universidad. Mientras tantos las 60 denuncia hechas por la institución ante diversas instancias competentes siguen sin recibir respuestas, fomentando la impunidad.
5.- El allanamiento judicial, cuarto componente de la estrategia, impide la renovación de las autoridades universitarias y tiene como finalidad erosionar el liderazgo académico, acompañado de una campaña de cuestionamiento permanente de las autoridades. Esta se ha extendido a los organismos de dirección estudiantil y al sector docente a través de la creación de organizaciones paralelas con la intención de sustituir a las legítimamente electas. Hoy es citada ante un tribunal la Presidenta de FAPUV.
6.- Las Normas de Homologación. (Gaceta oficial N° 32.539 del 17/08/1982)
La información aquí suministrada proviene del documento “Normas de Homologación. Síntesis histórica de su discusión y aplicación”, elaborado por la profesora de LUZ Gladys Lucena de Marval.
Es el instrumento legal que rige los ajustes salariales del profesorado universitario desde 1982, sin embargo, ha sido larga y dura la lucha gremial librada por FAPUV para lograr su cumplimiento. Contempla además los “beneficios adicionales básicos” que incluye lo percibido por prestaciones sociales, bono vacacional, bonificación de fin de año, aporte institucional a la Caja de Ahorros y primas por hogar e hijos, así como la previsión social, los aportes a los HCM y la contingencia médica. Es su artículo 13 el que estipula que debe darse un aumento bianual, para lo cual se tomara como criterio el índice inflacionario del Banco Central de los dos años anteriores. Ellas no han sido derogadas como mal intencionadamente se afirma.
Todos estos logros y beneficios se nos pretenden arrebatar y entregar a una organización sindical que no nos representa y sin legitimidad alguna (Fenasimpres) utilizando como instrumento la Contratación Colectiva marco, en una reunión de normativa laboral. Esto es parte de lo que está en juego.
DOS ETAPAS DISTINTAS:
Primera Etapa: Desde 1984 hasta 2003 se caracterizo por los siguientes aspectos:
a) De 1987 a 1.996 su aplicación es acordada por la comisión CNU-FAPUV y los ajustes estuvieron por debajo de la inflación.
b) Para lograr su aplicación se generaron huelgas y conflictos en los años 1985, 1987 (Paro nacional indefinido), 1988 (4 meses de paro) , 1995 (Paro y huelga de hambre)
c) A partir del año 2003 se le quita a las universidades el pago de las prestaciones sociales y lo asume la Oficina de Planificación del Sector Universitario.
d) Primera discusión de las Normas de Homologación. El 17 de mayo de 1985 se firma el primer acuerdo y el 26 de abril de 1987 el Ejecutivo se compromete a cancelar las deudas de los años 1984, 1985, 1986 y 1987. Los ajustes se hicieron tomando en cuenta la inflación de los años anteriores, pero se condonó un 50% de la deuda del retroactivo hasta 1986.
e) Segunda discusión 1988-1989. Firmada el 7 de mayo de 1988, el incremento estuvo por debajo de la inflación. Se obtiene la prima de asistencia médica y de actualización docente, se incrementaron en un 100% las primas de hogar e hijos y se otorgó un bono complementario de un mes de sueldo.
f) Tercera discusión 1990-1991. El 12 de febrero se firma el acuerdo, en el se reconocen los intereses sobre prestaciones, se establece el pago del 8.5% por deuda de intereses y el incremento salarial del 82,1 fue inferior al 145,3% de la inflación.
g) Cuarta discusión. 1992-1993: Se firma el 7 de abril de 1992, Se crea el programa de Beneficio al Mérito Académico, una prima complementaria por hogar y Incrementó salarial del 44% fue inferior al 75% de la inflación.
h) Quinta discusión. 1994-1995. Se firma el 27 de enero de 1994. Se homologa la antigüedad a 60 días en el cálculo de prestaciones, se fija 3,5% para el programa de beneficio académico, el 0,40% para HCM y se introduce una clausula de contingencia médica. El Incremento de 120% fue superior al 81.4% de la inflación.
i) Sexta discusión: 1996-1997. Se firma el 30 de junio de 1996. El incremento fue del 110% fue inferior al 127,4% de la inflación. Se establecen 60 días de sueldo integral para los bonos vacacional y de fin de año, un incremento a 1,5% del HCM, 5% aporte de previsión social, 1% para contingencia médica y 5% para un fondo de vivienda que nunca se creó.
j) Séptima discusión. 1998-1999. En febrero de 1999 el Presidente Chavez otorga un incremento adicional del 10% correspondiente a la sexta discusión. El 28 de enero se logra un acuerdo parcial. El incremento otorgado fue de 68% para instructor, hasta 90% para titular, todos por debajo del índice inflacionario. La deuda generada por las normas 1998-1999 fue cancelada con vebonos .
k) Octava discusión. 2000-2001. El incremento fue del 46% y la inflación del 56%. La prima por hogar y de actualización académica se incorporan al salario
l) Novena discusión 2002-2003. El incremento otorgado fue del 20%, inferior al 28% de la inflación.
Segunda Etapa: Desde 2004 hasta la fecha. Se caracteriza por:
a) Ajustes salariales aprobados unilateralmente por el gobierno dentro de la política de desconocer las Normas de Homologación.
b) Primer lapso 2004-2005 Se realizan varios paros escalonados. La FAPUV rechazo la intención del gobierno de bonificar el salario pues esto afectaba su incidencia en las Prestaciones Sociales. El incremento unilateral fue regresivo en términos académicos y oscilaron entre 40% para los instructores y 34% para los titulares. El ajuste salarial promedio fue de 37% y la inflación del 66.53%.
c) Segundo lapso 2006-2007. FAPUV declara el conflicto universitario por falta de respuesta. El 18 de octubre de 2006, el gobierno decidió no incluir en los presupuestos universitarios de 2007 los recursos para el pago de recurrencia de los ajustes salariales 2004-2005. Estos recursos se asignarían a la cuenta centralizada CNU-OPSU, violentando el principio de autonomía financiera y económica de las universidades. Durante este periodo se desata una campaña mediática contra las universidades que originan como respuesta el Video de la APUCV “En defensa de una Universidad Democrática y Plural”. Moncada deja el Ministerio y es sustituido por Acuña. Ninguno reconoce las Normas de Homologación y nuevamente se produce un incremento unilateral y académicamente regresivo que osciló entre 32% para el Instructor y 28% para el Titular. El presupuesto universitario 2008 no incluyo la incidencia de los ajustes salariales de las Normas de Homologación 2004-2005 y 2006-2007. EL ajuste salarial promedio fue de 30% y la inflación del 36.36%.
d) Tercer lapso 2008-2009. El mes de mayo de 2008 el Presidente decreta un incremento unilateral del 30%, cuando la inflación había sido de 43.33%.
La lucha por un salario digno es parte esencial de nuestro compromiso. Un incremento salarial del 40%, como se rumora, ni siquiera compensaría la devaluación de la moneda en un 47%. Tampoco implica la superación de los factores que condujeron al Consejo Universitario a la declaración de emergencia. Comenzar a superar la crisis pasa por derrotar esa política de estado y para ello es indispensable tomar consciencia sobre lo que realmente estamos enfrentando.
La Constitución Nacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo constituyen elementos esenciales para la defensa de los derechos en ellas consagrados: contratación colectiva, libertad sindical y derecho a huelga.
6.- La contratación colectiva marco en el contexto de la reunión de Normativa laboral.
Tal y como lo establece la Constitución Nacional los derechos sociales son progresivos y la negociación colectiva del profesorado universitariose instrumentó en ejercicio de la autonomía, mediante acuerdo suscrito entre sus autoridades universitarias, la dirigencia gremial y en el marco de los artículos 12, 114, y 115 de la Ley de Universidades . En el Acta Convenio UCV-APUCV, se concertaron los contenidos académicos, las condiciones de trabajo, la protección social y los derechos gremiales. Posteriormente, con la aprobación de las Normas de Homologación, los incrementos salariales y los beneficios en ella contemplados fueron concertados a través de la comisión CNU-OPSU-FAPUV. En otras palabras, en atención al principio de progresividad previsto en la Constitución vigente, se trata de un “derecho adquirido” que no puede ser desconocido por el Estado.
La denominada Reunión Normativa Laboral, para la discusión de un Contrato Colectivo marco, tiene como misión básica unificar las condiciones de trabajo en la industria, con miras a evitar la competencia desleal entre los distintos patronos dedicados a actividades similares.
La pretendida Reunión Normativa Laboral (RNL) del sector universitario constituye pues una emboscada tramada entre el Ejecutivo Nacional y un grupo de organizaciones sindicales que le son afectas, incluida la denominada Federación Nacional de Sindicatos de Profesores de la Educación Superior (FENASIMPRES), cuya finalidad es desconocer a la FAPUV y a sus asociaciones de profesores filiales. En la misma, el Ministerio para la Educación Universitaria, asume cualidad de empleador único, facultado para convenir obligaciones laborales, a nombre de las universidades, en abierta transgresión de la Constitución y de la Ley de Universidades. Parte de esta avanzada fue la creación de los Petrorinocos, donde la OPSU se apropio del pago de las prestaciones sociales (capital e intereses) que le correspondía calcular y cancelar a las universidades.
Se pretende que un pacto concebido para regular condiciones de trabajo se empine, por encima de la Constitución y la Ley de Universidades e incorpore como parte de los objetivos de la educación superior, la construcción del socialismo, la trasmisión esos valores y la elección de las autoridades universitarias con el voto igualitario de toda la comunidad. Participar en ese escenario en condición de minoría, llevaría a la FAPUV a una emboscada que terminaría avalando una contratación hecha, no en beneficio de los trabajadores, sino de un proyecto político.
La comisión negociadora, instalada el 20 de mayo bajo la denominación Reunión de Normativa Laboral en el marco del Programa de la Patria, la preside Yubris Álvarez, 22 integrantes del sector sindical (FENASISMPRES 4, FENASTRAU 4, FENASOESV 4, No federados administrativos 4, obrero 1, profesionales y técnicos 1). El MPPEU 7 integrantes, PGR 2 integrantes. De ella fueron excluidas otras organizaciones sindicales como FETRAUNIVERSITARIOS, a pesar de ser la más representativa del sector que la conforma. La presencia de FAPUV con 4 representantes establecería un proporción de 31 contra 4, donde nuestra posición sería absolutamente minoritaria e implicaría la renuncia a nuestros derechos adquiridos.
